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Elefante blanco | Blog de Marcos Peckel
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Jueves, 17 de Octubre de 2019      

Elefante blanco

31/7/2013. Publicado en El País hawaiiankingdom.org/
En varias ocasiones durante el fascinante debate en la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz se mencionó la “justicia internacional” o más exactamente la Corte Penal Internacional -CPI-, a la cual se hacía referencia como ‘el Coco’ que aparece si la Justicia colombiana no juzga a los responsables de crímenes atroces.

La realidad es que la CPI tiene muy poco que mostrar en sus 13 años de operación desde que entró en vigor en 2002, en una década donde ha habido masivas violaciones a los derechos humanos en diferentes partes del planeta. Mucho más eficientes fueron los tribunales especiales creados por el Consejo de Seguridad para la Antigua Yugoslavia y Ruanda que sí lograron juzgar y condenar a varios, no a todos, de los responsables de las atrocidades en esos países.

El primer fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo fuera de arrogantes declaraciones y sinuosas advertencias, no obtuvo mayores resultados en la persecución de criminales. A la fecha la CPI ha tratado solo 8 casos, todos de africanos y condenado solamente a uno, el congolés Thomas Lubanga por reclutamiento de menores.

La actual fiscal, Fatou Bensouda, prestigiosa abogada de Gambia, está empantanada con el caso del actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y su vicepresidente, a quienes acusa de crímenes de guerra cometidos tras las disputadas elecciones de 2007 y quienes con poderosos abogados han descarrilado los argumentos de la fiscal, cuestionando severamente la credibilidad de ella y de la Corte. Una investigación preliminar se ha abierto por el golpe de estado en Honduras en 2009 sin que tampoco haya avances significativos. Colombia tiene también “investigaciones preliminares” en la Corte.

El presidente sudanés Omar al Bashir, solicitado en extradición por la CPI, que no tiene poderes de arresto y depende de autoridades locales, continúa en el poder y se pasea orondo por varios países mientras que a sus espaldas carga con el genocidio de Darfur, 300 mil muertos y más de tres millones de desplazados, en una clara muestra de la impotencia de la CPI.

No ayuda que la Corte no cuenta con el apoyo de las principales potencias: Estados Unidos y China no son signatarios del estatuto de Roma, que dio origen a la CPI y países como Rusia, Israel, India, Pakistán e Irán entre otros, no han ratificado el Estatuto.

La CPI realmente no asusta a nadie. Hay además una clara politización en el sistema que impide que diversos actores comparezcan ante la Justicia internacional. El régimen de Sri Lanka que en su “ofensiva final” contra los Tigres Tamiles en 2009 asesinó a más de 20 mil civiles, sigue incólume en el poder y sin caso alguno en la CPI. El genocida sirio Bashar al Assad con más de cien mil muertos a cuestas y los que faltan es poco probable que se siente a responder por sus crímenes en el banquillo de los acusados de la CPI. Y así larga la lista de violadores de derechos humanos para quienes la Corte no es ni siquiera una anécdota.

La CPI aunque maneja vastos recursos ha sido hasta ahora un fracaso en su misión de salvaguardar los derechos humanos y condenar individuos por los crímenes establecido en el Estatuto: lesa humanidad, genocidio, agresión y crímenes de guerra. Por eso no hay que tomar muy en serio las advertencias que “lo que no juzguemos acá lo juzgarán allá”. Ese allá por ahora no existe.

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